La
suspensión del sorteo que iba a realizarse para seleccionar a los nuevos
reclutas, según la recientemente aprobada ley del servicio militar obligatorio,
no ha hecho sino detener una medida a todas luces trasnochada y retrógrada.
Gracias a la acción eficaz del Defensor del Pueblo, que recogiendo el clamor de
la ciudadanía interpuso una acción de amparo seguida de la complementaria
medida cautelar contra dicha pretensión, se ha impedido el abuso y el atentado
contra una de las libertades básicas de ser humano.
En una época en que la tendencia es hacia
el gradual abandono de las acciones coercitivas que buscan someter de cualquier
forma al ciudadano, la ley que reinstaura el llamado servicio militar
obligatorio es evidentemente una norma anticonstitucional y violatoria de los
convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Así lo han
entendido los más reputados juristas y expertos en la materia, respaldando un
sentir colectivo de malestar frente a una ley que vulnera principios esenciales
de los derechos de la persona.
Lejos están ya esos tiempos en que los
jóvenes de nuestro país eran levados a la fuerza por las tropas del ejército,
en camiones que irrumpían repentinamente en los diversos poblados y ciudades,
con el fin de reclutar contra su voluntad los soldados que supuestamente
necesitaban. La acción era claramente vejatoria y abusiva, por más que se
justificaba oficialmente apelando a los requerimientos de defensa de la patria
en momentos álgidos de violencia armada que se vivió en las últimas décadas del
siglo pasado.
Sabido era, igualmente, el trato que
recibían los reclutas en los diversos cuarteles del territorio nacional; un
trato humillante, discriminatorio y bestial, donde primaban los instintos más
primitivos para imponer lo que en las fuerzas armadas se estima como orden,
disciplina y obediencia. Los numerosos testimonios que existen al respecto me
eximen de ser más explícito en este sentido.
Es falaz el argumento aquel de que sólo
enrolándose en uno de los institutos armados se sirve a la patria; pues hay mil
maneras distintas de hacerlo, desde las trincheras más inverosímiles de la acción
social hasta las actividades más dispares en los frentes de batalla de una
sociedad con muchos requerimientos y necesidades por suplir.
Probablemente muchos jóvenes se sienten
llamados a la vida militar de una manera natural, porque sus aptitudes y
condiciones los predisponen a ello, pero eso no quiere decir que a todos se les
debe imponer una forma de vida para la que no están personalmente inclinados,
si no es violentando sus naturalezas y sometiéndolos a maltratos y crueldades
reprobables.
Existen otros argumentos más deleznables
que apelan a conceptos equivocados de hombría, virilidad y de un machismo más
desembozado. Mas no vale la pena detenerse a analizarlos, porque ya de por sí
son indefendibles. Pero eso no debe hacernos olvidar que subsiste en el
imaginario de mucha gente, la peregrina idea de que en el ejército uno se
vuelve más hombre o cualquiera de esas sandeces al uso. Si duda que el concepto
de hombre que manejan los susodichos, es diametralmente opuesto al que rige desde
una perspectiva auténticamente humanista y filosófica.
Es por ello que la ley de marras debe ser
inmediatamente derogada, y buscar otras alternativas más inteligentes para
convocar a quienes deseen ingresar a los cuarteles para cumplir una de las
formas que existe, de muchísimas otras, de servir a la patria.
Lima, 22 de
junio de 2013.
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