El asalto al campamento saharaui de Agdaym Izik, en las afueras de El Aaiún, por parte de las fuerzas del orden marroquíes, el pasado 8 de noviembre, no ha hecho sino enconar un viejo conflicto en el Sáhara Occidental que ya lleva alrededor de 35 años. Lo que parecía una simple protesta por mejores condiciones sociales, como viviendas y puestos de trabajo, se ha trocado en reivindicaciones de carácter independentista por el desatino de Rabat de enfrentar violentamente las exigencias de esta población tradicional de la región.
Los hechos coincidían con la ronda de negociaciones que se iniciaba en Nueva York entre representantes del gobierno de Marruecos y los del Frente Polisario, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, con el fin de encontrar una salida a un litigio de rezagos coloniales que involucra a países como Marruecos, Mauritania, Argelia y España, principalmente.
El desmantelamiento, bajo el accionar de fuerzas auxiliares combinadas con militares, ha arrasado el Campamento de la Dignidad, según ha relatado en una entrevista digital Isabel Terraza, una activista española del Grupo de Resistencia Saharaui. Entraron por la madrugada de ese lunes, desatando el pánico y la angustia en cientos de pobladores que veían como sus jaimas eran incendiadas por las fuerzas represivas.
La acción ha sido justificada por las autoridades en razón de que en el campamento se encontraban elementos perseguidos por la justicia, acusados de ser los promotores de otros levantamientos y protestas de esta etnia que sufre los embates de una situación a todas luces injusta. La impunidad con que actúa el régimen de Mohamed VI, ante la mirada atónita y complaciente de la comunidad internacional, se debe a que los países europeos concernidos, España sobre todo, tienen poderosos intereses que defender en una zona con ingentes recursos económicos.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, así como el de sus colegas de la Unión Europea, ha demostrado una actitud tibia y hasta cierto punto cómplice con los desmanes y tropelías de las fuerzas de seguridad marroquíes, en una región donde viven un promedio de medio millón de habitantes, siendo aproximadamente un tercio de ellos de procedencia saharaui. Esto demuestra el doble rasero con el que se conducen las civilizadas naciones europeas y occidentales, pues mientras proclaman en cualquier foro internacional su respeto por los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, en la práctica guardan oprobioso silencio cuando se trata de condenar actos brutales como los perpetrados por el gobierno de Rabat en contra de los saharauis.
Cientos de detenidos, decenas de muertos y una población temerosa e inquieta que ha sufrido el asalto de sus propiedades por parte de marroquíes azuzados por las fuerzas del orden, es el saldo doloroso de una jornada más de enfrentamientos entre el gobierno monárquico de Marruecos y un pueblo que lucha por su independencia. A pesar de que el régimen marroquí ha dicho de que está dispuesto a concederle la autonomía, en territorio de la ex colonia española, al pueblo saharaui, el Frente Polisario -el brazo político armado de las reivindicaciones de aquél-, aboga por su total independencia, pasando por el ejercicio del derecho a la autodeterminación, con vistas a la creación de la República Árabe Saharahui Democrática (RASD).
Las informaciones sobre los reales incidentes ocurridos en la región han sido bloqueadas por la férrea censura impuesta por Rabat a los medios de prensa europeos, impidiendo que la opinión pública mundial tenga un conocimiento certero de los sucesos y que por lo tanto se conozca en toda su magnitud la tragedia saharaui. Sin embargo, son los detalles en relación a datos los que se desconocen por el momento, pues en cuanto al proceder de las fuerzas represivas no hay ninguna duda, motivo por el que el gobierno español no puede escudarse en la falta de información para eludir una condena sin atenuantes al gobierno de Mohamed VI, como lo ha dicho ingenuamente la ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez.
Lima, 20 de noviembre de 2010.
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