Al igual que hace un año, cuando el
presidente de entonces, aprovechando las fiestas de fin de año, perpetró el
acto que a la postre significó su defenestración del cargo, ahora es el fiscal
de la Nación quien acaba de asestar el golpe más duro al corazón de la dignidad
y la esperanza de millones de peruanos, que veían con mayoritaria aprobación el
diligente trabajo del equipo de fiscales especiales encabezados por Raúl Vela
Barba, y cuya figura más relevante era sin duda José Domingo Pérez, al
relevarlos de sus cargos no ratificando sus nombramientos al frente de las
investigaciones del caso conocido como Lava Jato.
Esperó con artera oportunidad de que
llegara el día en que masivamente la gente se apresta a celebrar la llegada del
nuevo año, cuando todo el mundo tiene puesta su atención en todo menos en
asuntos que conciernen a los entes del Estado, para ejecutar esta vil felonía
que lo tenía seguramente macerando desde hace varias semanas, aguardando como
la fiera rapaz el menor descuido de su víctima, para saltarle luego a la
yugular y derribarla a traición, como
sólo saben hacerlo las bestias salvajes.
No nos llama la atención, sin embargo, la
barrabasada cometida por Pedro Gonzalo Chávarry, el hombre que ha demostrado
tener el cuajo más gigantesco de este país, el individuo que, insensible al
clamor popular, ajeno a toda consideración ética, exhibiendo la desvergüenza
más descomunal, ha hecho lo que justamente esperábamos que no hiciera, aquello
que la inmensa mayoría de ciudadanos, indignados hasta la náusea con los
clamorosos casos de corrupción que han infectado todas las instancias de poder
del país, le exigíamos a diario no llevara a cabo.
Pero no, el Fiscal de la Corrupción, el
Fiscal de la Impunidad, el Fiscal de las Componendas, se zurró olímpicamente en
nuestras voces que clamaban justicia; aduciendo motivos y pretextos seudo
legales, haciendo ejercicio de su cargo de manera arbitraria y despótica, ha
removido una línea de investigación de meses, con el único fin de, en primer
lugar, protegerse a sí mismo, al estar involucrado en el asunto de los Cuellos
Blancos del Puerto; y, en segundo lugar, pagar el favor correspondiente a las
bancadas del Congreso con el más kilométrico rabo de paja de que se tenga
memoria. No existe un solo principio de razón suficiente que avale la oprobiosa
medida tomada por este funcionario del Estado. Estará en sus facultades
hacerlo, pero eso no quiere decir que vaya a actuar de la forma como lo ha
hecho, al margen de toda consideración de tipo ético y vulnerando el sentido de
oportunidad.
Su desatinada medida tendrá consecuencias
desastrosas para la lucha anticorrupción emprendida por este gobierno y por el
grupo de fiscales que, más allá de las medidas discutibles que pueda haber
tomado, estaba haciendo una labor impecable en esa batalla sin cuartel contra
una de las lacras más nefastas que amenazan al organismo vivo de nuestro país.
Ese era, evidentemente, su objetivo: petardear el trabajo de los magistrados,
sabotear todo avance en la materia, traerse abajo la paciente labor que había
ya dado contundentes golpes a los corruptos y mafiosos que pululan por estas
tierras.
No hay ninguna persona con sentido común,
excepto los interesados miembros de la manada becerril del Congreso y sus
furgones de cola, que pueda aplaudir la actuación de Chávarry, pues a todas luces
ha perpetrado la felonía más escabrosa y sórdida de los anales de la judicatura
peruana, superando inclusive a quien fuera su jefa en los tiempos de Montesinos
y Rodríguez Medrano, la inefable Blanca Nélida Colán. Se nota su gran
aprendizaje como mercenario aventajado, moviéndose con gran estilo en los
oscuros corredores de la acción a mansalva como sicario de cuello blanco.
Sólo nos queda la calle a los ciudadanos de
a pie de este increíble país que vuelve a vivir sus horas más difíciles. La
calle para albergar nuestras desaforadas voces de protesta ante la iniquidad y
prepotencia de una autoridad que ha perdido hace muchísimo tiempo todo rastro
de legitimidad, toda aura de autoridad moral, y que sorda y ciega al
sentimiento casi unánime de un pueblo, se aferra a su cubil porque sabe que así
está salvando su pellejo. Pero que no crea que es invulnerable, que el blindaje
que le facilita con mucho gusto el aprofujimorismo le va a durar para siempre.
Se podría asimismo activar la acusación
constitucional que está planteada en el Congreso, pues, además de las razones
expuestas por diversos parlamentarios de oposición, el fiscal general ha
infringido el artículo 159° de la Carta Magna, que en su inciso primero dice
meridianamente que corresponde al Ministerio Público la “defensa de la
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”, y no de
intereses personales como reza la declaración que ha emitido el fiscal Chávarry
tratando de justificar su decisión. Aunque este camino, francamente, y teniendo
en cuenta la actual composición del legislativo, no tiene visos de prosperar.
El repudio que merece este sujeto se
manifestará en los días que vienen en las calles y plazas de todas las ciudades
del Perú, para exigir su salida inmediata de un cargo para el que
definitivamente no está a la altura. El pueblo sabrá tomar las medidas más
pertinentes, y actuando con la ley en una mano y la ética en la otra, acabar de
una vez con cualquier personaje, por más encumbrado que parezca, que pretenda
coactar vilmente su sed ancestral de justicia.
Lima,
1 de enero de 2019.
