Felonía

    Al igual que hace un año, cuando el presidente de entonces, aprovechando las fiestas de fin de año, perpetró el acto que a la postre significó su defenestración del cargo, ahora es el fiscal de la Nación quien acaba de asestar el golpe más duro al corazón de la dignidad y la esperanza de millones de peruanos, que veían con mayoritaria aprobación el diligente trabajo del equipo de fiscales especiales encabezados por Raúl Vela Barba, y cuya figura más relevante era sin duda José Domingo Pérez, al relevarlos de sus cargos no ratificando sus nombramientos al frente de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato.

    Esperó con artera oportunidad de que llegara el día en que masivamente la gente se apresta a celebrar la llegada del nuevo año, cuando todo el mundo tiene puesta su atención en todo menos en asuntos que conciernen a los entes del Estado, para ejecutar esta vil felonía que lo tenía seguramente macerando desde hace varias semanas, aguardando como la fiera rapaz el menor descuido de su víctima, para saltarle luego a la yugular y  derribarla a traición, como sólo saben hacerlo las bestias salvajes.

    No nos llama la atención, sin embargo, la barrabasada cometida por Pedro Gonzalo Chávarry, el hombre que ha demostrado tener el cuajo más gigantesco de este país, el individuo que, insensible al clamor popular, ajeno a toda consideración ética, exhibiendo la desvergüenza más descomunal, ha hecho lo que justamente esperábamos que no hiciera, aquello que la inmensa mayoría de ciudadanos, indignados hasta la náusea con los clamorosos casos de corrupción que han infectado todas las instancias de poder del país, le exigíamos a diario no llevara a cabo.

    Pero no, el Fiscal de la Corrupción, el Fiscal de la Impunidad, el Fiscal de las Componendas, se zurró olímpicamente en nuestras voces que clamaban justicia; aduciendo motivos y pretextos seudo legales, haciendo ejercicio de su cargo de manera arbitraria y despótica, ha removido una línea de investigación de meses, con el único fin de, en primer lugar, protegerse a sí mismo, al estar involucrado en el asunto de los Cuellos Blancos del Puerto; y, en segundo lugar, pagar el favor correspondiente a las bancadas del Congreso con el más kilométrico rabo de paja de que se tenga memoria. No existe un solo principio de razón suficiente que avale la oprobiosa medida tomada por este funcionario del Estado. Estará en sus facultades hacerlo, pero eso no quiere decir que vaya a actuar de la forma como lo ha hecho, al margen de toda consideración de tipo ético y vulnerando el sentido de oportunidad.  

    Su desatinada medida tendrá consecuencias desastrosas para la lucha anticorrupción emprendida por este gobierno y por el grupo de fiscales que, más allá de las medidas discutibles que pueda haber tomado, estaba haciendo una labor impecable en esa batalla sin cuartel contra una de las lacras más nefastas que amenazan al organismo vivo de nuestro país. Ese era, evidentemente, su objetivo: petardear el trabajo de los magistrados, sabotear todo avance en la materia, traerse abajo la paciente labor que había ya dado contundentes golpes a los corruptos y mafiosos que pululan por estas tierras.

    No hay ninguna persona con sentido común, excepto los interesados miembros de la manada becerril del Congreso y sus furgones de cola, que pueda aplaudir la actuación de Chávarry, pues a todas luces ha perpetrado la felonía más escabrosa y sórdida de los anales de la judicatura peruana, superando inclusive a quien fuera su jefa en los tiempos de Montesinos y Rodríguez Medrano, la inefable Blanca Nélida Colán. Se nota su gran aprendizaje como mercenario aventajado, moviéndose con gran estilo en los oscuros corredores de la acción a mansalva como sicario de cuello blanco.

    Sólo nos queda la calle a los ciudadanos de a pie de este increíble país que vuelve a vivir sus horas más difíciles. La calle para albergar nuestras desaforadas voces de protesta ante la iniquidad y prepotencia de una autoridad que ha perdido hace muchísimo tiempo todo rastro de legitimidad, toda aura de autoridad moral, y que sorda y ciega al sentimiento casi unánime de un pueblo, se aferra a su cubil porque sabe que así está salvando su pellejo. Pero que no crea que es invulnerable, que el blindaje que le facilita con mucho gusto el aprofujimorismo le va a durar para siempre.

    Se podría asimismo activar la acusación constitucional que está planteada en el Congreso, pues, además de las razones expuestas por diversos parlamentarios de oposición, el fiscal general ha infringido el artículo 159° de la Carta Magna, que en su inciso primero dice meridianamente que corresponde al Ministerio Público la “defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”, y no de intereses personales como reza la declaración que ha emitido el fiscal Chávarry tratando de justificar su decisión. Aunque este camino, francamente, y teniendo en cuenta la actual composición del legislativo, no tiene visos de prosperar.

    El repudio que merece este sujeto se manifestará en los días que vienen en las calles y plazas de todas las ciudades del Perú, para exigir su salida inmediata de un cargo para el que definitivamente no está a la altura. El pueblo sabrá tomar las medidas más pertinentes, y actuando con la ley en una mano y la ética en la otra, acabar de una vez con cualquier personaje, por más encumbrado que parezca, que pretenda coactar vilmente su sed ancestral de justicia.

Lima, 1 de enero de 2019.