Se han cumplido, hace poco, los cien días de este gobierno presidido por la señora Dina Boluarte, tiempo en que el país estuvo envuelto en una serie de marchas de protesta, manifestaciones callejeras, paralizaciones y bloqueos de carreteras que no eran sino expresiones de una crisis política y social que estalló cuando el expresidente Castillo decidió, en un acto desesperado, dar un golpe de Estado, para salvarse de una hipotética vacancia que el Congreso cocinaba para ese mismo día.
Durante estos más de tres meses, las poblaciones del Perú,
preferentemente las del sur, han demostrado su profundo descontento por la
forma cómo se han desarrollado los hechos a partir de ese día, pues si bien la
sucesión presidencial se ha cumplido según manda la ley, por lo que se puede
decir que la presidenta posee legalidad, en realidad lo que ha sucedido es que
el poder ha vuelto a manos de las fuerzas de la oposición, de los sectores que
desde el parlamento se dedicaron a sabotear sistemáticamente al gobierno
elegido el 2021, independientemente de los errores y las falencias que éste
pudiera exhibir. Es decir, los partidos de la derecha conservadora y
reaccionaria, que detentaron el poder desde hace doscientos años, no podían
soportar ser desbancados de un sitial que fue para ellos su coto de caza preferido
durante toda la república.
Los rostros conocidos del fujimorismo ramplón y sus corifeos
volvieron a ocupar los ministerios y los puestos claves de la administración
pública, ante el silencio y la vista gorda de cierta prensa que también fue
parte del cargamontón que arrinconó al gobierno de Castillo. No digo que éste
mereciera quedarse, por todo lo que se fue descubriendo en el tiempo que ocupó
palacio de Pizarro, sino que la salida estaba más en consonancia con lo que
exigían los hombres y las mujeres del país todos los días en las calles y las
plazas: la inmediata convocatoria a nuevas elecciones y la renovación total del
Congreso, recinto que la gran mayoría de representantes convirtieron en su
guarida para perpetrar todas las fechorías que conviniera a sus mezquinos
intereses.
Pero lo realmente macabro vino enseguida, con la represión
más brutal de que se tenga memoria en el Perú y aun en el mundo. Más de sesenta
muertos, decenas de heridos, muchos ellos de gravedad y de por vida, es el
saldo luctuoso de un gobierno que no tiene más argumentos que los gases
lacrimógenos, los perdigones y las balas, arrojados a mansalva contra
ciudadanos inocentes cuyo único delito es ejercitar su derecho a la protesta.
Cuántos jóvenes, adultos y niños han sido víctimas de la insania homicida de
las fuerzas del orden, que actuaron con absoluta impunidad disparando a matar
con el aval y la anuencia de sus respectivos comandos policial y militar, así
como de los ministros del ramo que hasta ahora se pasean campantes y orondos
como si nada hubiera ocurrido.
A los numerosos nombres de hombres y mujeres que han caído
en las jornadas de lucha de estos meses, se suma el de Rosalino Flórez, la
última víctima del criminal régimen que ostenta el poder en el Perú. Este joven
de 22 años, estudiante de gastronomía, fue herido gravemente el 11 de enero en
el Cuzco, en una manifestación que era reprimida, como siempre, a balazos y
perdigonazos por una policía desatada y sin control. El cuerpo de Rosalino
recibió más de veinte perdigones cuando se encontraba escondido tras de un
árbol en una avenida céntrica de la ciudad imperial y corrió al ver que un
efectivo venía hacia él con el arma en ristre. Fue traído a Lima, donde estuvo
internado en el Hospital Loayza hasta el pasado 21 de marzo, cuando falleció al
tener comprometidos varios órganos vitales por la criminal arremetida policial.
El asesinato de Rosalino Flórez tiene obviamente un
culpable. Hallarlo es el objetivo de sus familiares, de sus padres sumidos
ahora en el dolor más inaudito, para que se pueda cumplir lo mínimo exigible en
estas circunstancias: justicia, pues su vida le fue arrebatada de una manera
artera, absurda e injusta. Que se identifique al hombre uniformado que disparó
contra el joven estudiante, y que después puedan ir también a los tribunales
los responsables mediatos, el ministro y la presidenta, a quienes les espera al
final de su mandato juicios no sólo por este crimen, sino por todos los otros
que igualmente claman justicia.
El Ejecutivo y el Legislativo poseen un alto nivel de
rechazo ciudadano, lo demuestran las encuestas que a nivel nacional sondean las
preferencias del pueblo peruano. La legitimidad de este régimen está por los
suelos, lo cual exige una respuesta acorde a la realidad, una democracia no puede
sostenerse en medio de un cuestionamiento permanente al gobierno de parte de la
ciudadanía, con los funcionarios gubernamentales atrincherados en la Casa de
Pizarro, pues a donde quiera que van reciben el repudio explícito de la gente,
que los ve propiamente como usurpadores que han hipotecado el poder a personas
que no fueron elegidas por el pueblo y como cómplices de todas las muertes
habidas hasta ahora.
Lo que no se puede tolerar es la indiferencia de algunos
sectores de la población, que creen que el pueblo se cansará de manifestarse y
las aguas volverán a su nivel, para dar continuidad a un gobierno que no posee
un ápice de comprensión, que vive en una realidad paralela con el
convencimiento de que pueden quedarse hasta el 2026, lo que sería francamente
inaceptable. Peor todavía, hay quienes justifican la actuación policial, con el
razonamiento falaz de por qué tenían que salir a protestar los que murieron en
la lucha, que tal vez fueron los que lanzaron piedras a la policía y ésta tenía
que defenderse para imponer el orden. En fin, una imperdonable falta de empatía
con las víctimas, con quienes están en inferioridad de condiciones físicas
frente a aquellos que poseen armas de fuego.
No hay comentarios:
Publicar un comentario