Reclusión forzada y derechos humanos

La suspensión del sorteo que iba a realizarse para seleccionar a los nuevos reclutas, según la recientemente aprobada ley del servicio militar obligatorio, no ha hecho sino detener una medida a todas luces trasnochada y retrógrada. Gracias a la acción eficaz del Defensor del Pueblo, que recogiendo el clamor de la ciudadanía interpuso una acción de amparo seguida de la complementaria medida cautelar contra dicha pretensión, se ha impedido el abuso y el atentado contra una de las libertades básicas de ser humano.

     En una época en que la tendencia es hacia el gradual abandono de las acciones coercitivas que buscan someter de cualquier forma al ciudadano, la ley que reinstaura el llamado servicio militar obligatorio es evidentemente una norma anticonstitucional y violatoria de los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Así lo han entendido los más reputados juristas y expertos en la materia, respaldando un sentir colectivo de malestar frente a una ley que vulnera principios esenciales de los derechos de la persona.

     Lejos están ya esos tiempos en que los jóvenes de nuestro país eran levados a la fuerza por las tropas del ejército, en camiones que irrumpían repentinamente en los diversos poblados y ciudades, con el fin de reclutar contra su voluntad los soldados que supuestamente necesitaban. La acción era claramente vejatoria y abusiva, por más que se justificaba oficialmente apelando a los requerimientos de defensa de la patria en momentos álgidos de violencia armada que se vivió en las últimas décadas del siglo pasado.

     Sabido era, igualmente, el trato que recibían los reclutas en los diversos cuarteles del territorio nacional; un trato humillante, discriminatorio y bestial, donde primaban los instintos más primitivos para imponer lo que en las fuerzas armadas se estima como orden, disciplina y obediencia. Los numerosos testimonios que existen al respecto me eximen de ser más explícito en este sentido.

     Es falaz el argumento aquel de que sólo enrolándose en uno de los institutos armados se sirve a la patria; pues hay mil maneras distintas de hacerlo, desde las trincheras más inverosímiles de la acción social hasta las actividades más dispares en los frentes de batalla de una sociedad con muchos requerimientos y necesidades por suplir.

     Probablemente muchos jóvenes se sienten llamados a la vida militar de una manera natural, porque sus aptitudes y condiciones los predisponen a ello, pero eso no quiere decir que a todos se les debe imponer una forma de vida para la que no están personalmente inclinados, si no es violentando sus naturalezas y sometiéndolos a maltratos y crueldades reprobables.

     Existen otros argumentos más deleznables que apelan a conceptos equivocados de hombría, virilidad y de un machismo más desembozado. Mas no vale la pena detenerse a analizarlos, porque ya de por sí son indefendibles. Pero eso no debe hacernos olvidar que subsiste en el imaginario de mucha gente, la peregrina idea de que en el ejército uno se vuelve más hombre o cualquiera de esas sandeces al uso. Si duda que el concepto de hombre que manejan los susodichos, es diametralmente opuesto al que rige desde una perspectiva auténticamente humanista y filosófica.

     Es por ello que la ley de marras debe ser inmediatamente derogada, y buscar otras alternativas más inteligentes para convocar a quienes deseen ingresar a los cuarteles para cumplir una de las formas que existe, de muchísimas otras, de servir a la patria.

Lima, 22 de junio de 2013.