A raíz de la conmemoración de los 25 años
de la captura del líder máximo de la organización subversiva PCP-SL, se han
puesto en la mesa de discusión pública varios hechos de resonancia mediática.
El primero de ellos se refiere al significado que tuvo esa época de violencia
demencial que vivió nuestro país cuando un grupo de extremistas radicalizados
en la ideología maoísta polpotiana decidieron llevar a la acción lo que en el vocabulario
marxista se denomina lucha armada, desatando el terror en los poblados centro
andinos para luego propagarse como un incendio de sangre por el resto del
territorio nacional.
El segundo, quiere detenerse en la reacción
que tuvieron el gobierno y las fuerzas del orden ante tamaño desafío, que
primero fue minimizado, para luego convertirse en una feroz carnicería de los
dos bandos, situándose al medio la inocente población de hombres y mujeres, en
su mayoría de origen humilde, que sufrieron el embate homicida por ambos
frentes, dejando como saldo trágico cerca de 70 000 muertos, miles de
desaparecidos y otros tantos heridos, desplazados, huérfanos y víctimas en
general de la cruenta guerra interna, según cifras aportadas por la Comisión de
la Verdad y Reconciliación (CVR).
El tercero, sobre el paciente trabajo de
seguimiento que realizó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía
Nacional, que en dos años de ardua búsqueda logró su objetivo con los métodos
más racionales y científicos de que dispone un trabajo de esta naturaleza, a
contrapelo de los medios utilizados por el régimen, que tuvo en el grupo Colina
su epítome más siniestra y asesina. La caída del líder senderista demostró,
pues, las enormes ventajas de una labor ajustada a los principios profesionales
de la investigación, trayéndose abajo además el mito aquel de que el gobierno
de Fujimori acabó con el terrorismo, estando demostrado hasta el hartazgo de
que aquel ni su socio Montesinos no sabían nada de lo que estaba sucediendo,
pretendiendo a última hora aprovecharse del acontecimiento.
El cuarto, la lamentable pasada renuncia
del director del Lugar de la Memoria (LUM), Guillermo Nugent, motivado por
presiones desde el Ministerio de Cultura a propósito de la muestra Resistencia Visual, que recoge un
conjunto de obras de arte, entre fotografías, esculturas e instalaciones, sobre
el año de 1992, emblemático en muchos sentidos, periodo en que se produjeron
una serie de hechos de triste pero necesaria recordación, memoria que un grupo
político, que avasalla desde el Congreso con sus invencibles gestos y burdos ademanes,
pretende ocultar y acallar.
Y por último, la reciente excarcelación de
la bailarina Maritza Garrido Lecca, presa por terrorismo durante 25 años y
ahora libre al haber cumplido su condena. Esto ha servido de pretexto para una
grosera exhibición de periodismo barato a través de la televisión,
principalmente, y de algunos comentarios no precisamente afortunados en la
prensa escrita en momentos en que todos debemos contribuir a la sanación de las
heridas que como país nos dejó la violencia. Las reacciones de un puritanismo
destemplado, la chillandería de una turbamulta presta al linchamiento, la
ignorancia y el odio en sus versiones más crudas, el torvo espectáculo de los
buitres acechando en las redes sociales, los miedos exacerbados
convenientemente de un vecindario que se niega a tener entre los suyos a quien
han convertido en la apestada, la estigmatizada –la terruca, la llaman–, no son precisamente actitudes maduras de una
sociedad que busca superar el trauma vivido.
Quien ha cometido un delito, ha sido
hallado culpable en un juicio cumpliendo todos los requisitos del debido
proceso, y luego ha purgado su pena por el tiempo que los jueces han estimado
ajustado a la ley, no puede convertirse por ello en un condenado de por vida,
en una persona que merezca el repudio irracional de quienes se imaginan
posibles víctimas de probables delitos que la prensa y cierta opinión pública
azuzan con sus prejuicios y lapidaciones a priori. Eso no quiere decir que se
deba descuidar el seguimiento de quienes infringieron la ley, labor que compete
a las autoridades correspondientes. Por lo demás, en el caso de Garrido Lecca,
ella fue sentenciada por complicidad al encubrir al jefe de la agrupación
senderista, pero no mató ni asesinó a nadie, ni tampoco perpetró algún ataque
con explosivos u otra barbaridad parecida, ni pertenece a la cúpula de Sendero
Luminoso, como lo saben los entendidos; es cierto que su pensamiento sigue
adhiriendo a los postulados del partido, y es por ello que justamente ha
purgado esta larga carcelería, pagando con su encierro el tremendo error
cometido. No es mi afán defender lo que hizo, sino explicarme las
circunstancias en que incurrió en ello, tratando de entender el contexto que la
empujó a actuar como una militante más de la organización violentista.
En fin, todos queremos que la verdad y la
justicia se impongan en el Perú como en todo país civilizado donde impera el
estado de derecho, pero ello no será posible sin el socorro curativo y
profiláctico de la memoria, pues olvidar lo que sucedió, desfigurar los hechos
que pasaron, o más aún, ningunearlos, sólo puede llevarnos al reino de la
impunidad o a instalarnos en el círculo perverso del eterno retorno, repitiendo
ad infinitum aquello que ya
debiéramos haber superado hace mucho tiempo.
Lima,
24 de septiembre de 2017.