Memoria, justicia y verdad

    A raíz de la conmemoración de los 25 años de la captura del líder máximo de la organización subversiva PCP-SL, se han puesto en la mesa de discusión pública varios hechos de resonancia mediática. El primero de ellos se refiere al significado que tuvo esa época de violencia demencial que vivió nuestro país cuando un grupo de extremistas radicalizados en la ideología maoísta polpotiana decidieron llevar a la acción lo que en el vocabulario marxista se denomina lucha armada, desatando el terror en los poblados centro andinos para luego propagarse como un incendio de sangre por el resto del territorio nacional.

    El segundo, quiere detenerse en la reacción que tuvieron el gobierno y las fuerzas del orden ante tamaño desafío, que primero fue minimizado, para luego convertirse en una feroz carnicería de los dos bandos, situándose al medio la inocente población de hombres y mujeres, en su mayoría de origen humilde, que sufrieron el embate homicida por ambos frentes, dejando como saldo trágico cerca de 70 000 muertos, miles de desaparecidos y otros tantos heridos, desplazados, huérfanos y víctimas en general de la cruenta guerra interna, según cifras aportadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

    El tercero, sobre el paciente trabajo de seguimiento que realizó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional, que en dos años de ardua búsqueda logró su objetivo con los métodos más racionales y científicos de que dispone un trabajo de esta naturaleza, a contrapelo de los medios utilizados por el régimen, que tuvo en el grupo Colina su epítome más siniestra y asesina. La caída del líder senderista demostró, pues, las enormes ventajas de una labor ajustada a los principios profesionales de la investigación, trayéndose abajo además el mito aquel de que el gobierno de Fujimori acabó con el terrorismo, estando demostrado hasta el hartazgo de que aquel ni su socio Montesinos no sabían nada de lo que estaba sucediendo, pretendiendo a última hora aprovecharse del acontecimiento.   

    El cuarto, la lamentable pasada renuncia del director del Lugar de la Memoria (LUM), Guillermo Nugent, motivado por presiones desde el Ministerio de Cultura a propósito de la muestra Resistencia Visual, que recoge un conjunto de obras de arte, entre fotografías, esculturas e instalaciones, sobre el año de 1992, emblemático en muchos sentidos, periodo en que se produjeron una serie de hechos de triste pero necesaria recordación, memoria que un grupo político, que avasalla desde el Congreso con sus invencibles gestos y burdos ademanes, pretende ocultar y acallar.

    Y por último, la reciente excarcelación de la bailarina Maritza Garrido Lecca, presa por terrorismo durante 25 años y ahora libre al haber cumplido su condena. Esto ha servido de pretexto para una grosera exhibición de periodismo barato a través de la televisión, principalmente, y de algunos comentarios no precisamente afortunados en la prensa escrita en momentos en que todos debemos contribuir a la sanación de las heridas que como país nos dejó la violencia. Las reacciones de un puritanismo destemplado, la chillandería de una turbamulta presta al linchamiento, la ignorancia y el odio en sus versiones más crudas, el torvo espectáculo de los buitres acechando en las redes sociales, los miedos exacerbados convenientemente de un vecindario que se niega a tener entre los suyos a quien han convertido en la apestada, la estigmatizada –la terruca, la llaman–, no son precisamente actitudes maduras de una sociedad que busca superar el trauma vivido.

    Quien ha cometido un delito, ha sido hallado culpable en un juicio cumpliendo todos los requisitos del debido proceso, y luego ha purgado su pena por el tiempo que los jueces han estimado ajustado a la ley, no puede convertirse por ello en un condenado de por vida, en una persona que merezca el repudio irracional de quienes se imaginan posibles víctimas de probables delitos que la prensa y cierta opinión pública azuzan con sus prejuicios y lapidaciones a priori. Eso no quiere decir que se deba descuidar el seguimiento de quienes infringieron la ley, labor que compete a las autoridades correspondientes. Por lo demás, en el caso de Garrido Lecca, ella fue sentenciada por complicidad al encubrir al jefe de la agrupación senderista, pero no mató ni asesinó a nadie, ni tampoco perpetró algún ataque con explosivos u otra barbaridad parecida, ni pertenece a la cúpula de Sendero Luminoso, como lo saben los entendidos; es cierto que su pensamiento sigue adhiriendo a los postulados del partido, y es por ello que justamente ha purgado esta larga carcelería, pagando con su encierro el tremendo error cometido. No es mi afán defender lo que hizo, sino explicarme las circunstancias en que incurrió en ello, tratando de entender el contexto que la empujó a actuar como una militante más de la organización violentista.

    En fin, todos queremos que la verdad y la justicia se impongan en el Perú como en todo país civilizado donde impera el estado de derecho, pero ello no será posible sin el socorro curativo y profiláctico de la memoria, pues olvidar lo que sucedió, desfigurar los hechos que pasaron, o más aún, ningunearlos, sólo puede llevarnos al reino de la impunidad o a instalarnos en el círculo perverso del eterno retorno, repitiendo ad infinitum aquello que ya debiéramos haber superado hace mucho tiempo.

Lima, 24 de septiembre de 2017.