Luego de una semana tumultuosa de
discusiones y propuestas políticas entre el Poder Ejecutivo y su contraparte el
Poder Legislativo, se ha votado el miércoles pasado la llamada cuestión de
confianza, planteada por el gobierno al parlamento sobre los proyectos de
reforma que se aprobaron por referéndum en diciembre y que dormían el sueño de
los justos en las comisiones congresales o que sencillamente fueron
desestimados y enviados al canasto del olvido.
Previamente el Congreso había escenificado
uno de esos espectáculos a los que ya nos tiene acostumbrados desde hace casi
dos años, cuando un grupo político que todos identifican llegó con una
abrumadora mayoría al hemiciclo, a pesar de que esa representación no reflejaba
fielmente la votación en las urnas; pero llegó para convertirse en una fuerza
de choque, irracional, obtusa, abusiva y obstruccionista, que jamás aceptó el
resultado final de las elecciones y quiso erigirse en un poder paralelo para poner
en práctica sus políticas de gobierno que el pueblo había rechazado con su
voto.
Y llegó también, mas esto lo iríamos
sabiendo con los meses siguientes, con una cantidad increíble de congresistas
que exhibían, más que trayectorias profesionales aceptables como uno se podría
imaginar, verdaderos prontuarios policiales y penales, amén de una indigencia
intelectual y moral que nos ha provisto de una ristra interminable de frases,
declaraciones, anécdotas e intervenciones que muy bien podrían integrar una
improbable antología universal de la estupidez.
Volviendo al hecho, el espectáculo del que
hablaba, y que colmó el vaso de la paciencia del presidente de la República,
fue lo perpetrado por la Comisión Permanente, que en un acto de inverosímil
protección y complicidad, de apañamiento y miramientos con la impunidad,
archivó la denuncia contra el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, acusado de
haber violado un recinto judicial utilizando métodos propios del hampa, con el
fin de sustraer documentos que lo incriminaban en todo este bochornoso caso de
los Cuellos Blancos del Puerto, una organización criminal que intentó copar el
Poder Judicial y de la que él era uno de sus más conspicuos cabecillas.
En fin, lo cierto es que esta vergonzosa y
desatinada decisión precipitó la cuestión de confianza solicitada por el
Presidente a través de una carta muy severa que presentó el Primer Ministro. Se conjeturaban los probables
resultados de la votación luego del debate respectivo: si rechazarían la misma
dejándole al primer mandatario la facultad expedita para disolver el Congreso,
y convocar a elecciones en cuatro meses para elegir a los reemplazantes; o si
al aprobarla se allanarían a discutir las reformar en el más breve plazo para
impulsar el proyecto del Ejecutivo de combatir la corrupción y la impunidad tal
como fue la recomendación de la Comisión de Alto Nivel que trabajó durante el
verano pasado.
Pues sucedió lo previsible, que la mayoría,
ávida de sus jugosos sueldos y demás gollerías, incluyendo el escudo de la
inmunidad que los viene salvando de la cárcel –tal como tuvo el descaro y voluntaria sinceridad a
la vez de declarar un parlamentario naranja–, votó a favor por una aplastante
mayoría de 77 votos, contra 44 que lo hicieron en contra y 3 abstenciones. Sin
embargo, para todos era evidente que votaron pensando más en sus bolsillos que
en el bien del país, aferrados a un cargo que la gran mayoría no merece, tal
como lo han demostrado los Mamani, los Becerril y los Donayre –prófugo de la
justicia este último y sentenciado por ladrón de gasolina– y una larga lista
más de gentuza que ha deshonrado y pisoteado un Poder del Estado con su sola
presencia.
Una profunda desconfianza me despierta esta
aprobación tramposa, que esconde un innegable sabor a trafa y dilación,
actitudes que han caracterizado el comportamiento de una bancada dictatorial,
tiránica, oligofrénica y primitiva, pues ya hablan de que las palabras
“esencia” y “desnaturalización” no figuran en la Constitución, en una
interpretación legalista y dogmática, quizás muy a tono de lo que propalan los
expertos “constitucionalistas”, sin ponerse de acuerdo desde luego, pues en el
espíritu de los artículos correspondientes está claramente estipulado cuándo se
considera una negativa. Si fuera así, el Presidente de la República tendría que
reaccionar como corresponde, es decir, con una nueva cuestión de confianza o,
en una interpretación válida del espíritu de la letra de la Carta Magna, cerrar
el Congreso argumentando que le ha sido rehusada la confianza buscada.
Mientras tanto, debemos estar vigilantes
sobre los siguientes pasos de la actuación del Congreso, en cuya cancha se
encuentra ahora el sacar adelante las reformas fundamentales para adecentar la
representación del 2021, pues nadie quiere ver en un escaño parlamentario,
sentado en esa ocasión, a un intruso y facineroso que, con la oscura
financiación de dineros sucios o escondiendo sus trapacerías, se cuele
nuevamente en el recinto legislativo para entregarnos otros cinco años de
espectáculos grotescos, intervenciones anodinas e indigestas, frases de
callejón y lugares comunes, ofensas perversas a la inteligencia y la dignidad
de todos los peruanos.
Lima,
9 de junio de 2019.
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