Campo de Agramante

 

    Cuando Simón Bolívar arribó al Perú hace doscientos años, con el objetivo preciso de tomar el relevo en la conducción de la lucha independentista ante el retiro de San Martín, lo primero que detectó su ojo avizor en el escenario político peruano de entonces fue una abierta lucha de facciones que se disputaban el poder de manera cainita. El comentario que hizo ante sus acompañantes de ocasión fue fulminante: «Esto es un verdadero campo de Agramante». Y tal parece que después de todo este tiempo transcurrido, acercándonos a «celebrar» el tan cacareado bicentenario, seguimos en lo mismo. Con diferentes actores, con un guion ligeramente retocado, observamos con gran estupor el mismo drama, la misma tragedia, con el agregado de elementos pintorescos de comedia bufa. Y esto es algo que tienen que saber los más jóvenes de este vapuleado país, que venimos asistiendo durante estos dos siglos al mismo espectáculo cada vez que se les entra en gana a quienes se han arrogado la facultad de conducir los destinos de millones de compatriotas que confiaron de buena de fe en ellos.

    Lo sucedido con el presidente de la República, con los bochornosos audios propalados de manera irregular en el pleno del Congreso, merece en primer lugar una exhaustiva investigación que debe caer en manos del Ministerio Público, que es la instancia correspondiente para evaluar y aquilatar si lo que allí se escucha constituye delito o no, y si encuentra que hay indicios suficientes dar curso al debido proceso. Lo que no se puede hacer es saltarse alegre e irresponsablemente los conductos regulares de cómo funciona la justicia, festinando trámites de una manera insensata y afiebrada sólo por el prurito de descabezar un poder del Estado para tomarlo enseguida y hacer de las suyas. Es cierto que todos los peruanos estamos indignados con los acontecimientos, desconcertados y suspensos, como diría un personaje de Cervantes, pero actuar como pretende hacerlo cierto sector del Poder Legislativo, con ánimo de vendetta e ínfulas cuchilleras, desconociendo el trágico telón de fondo de una de las crisis sanitarias y económicas más devastadoras de toda nuestra historia, es francamente demencial.

    No resisto copiar las palabras de Javier Marías en su artículo de este domingo, escritas para otra realidad pero que calzan como anillo al dedo para lo que pasa por estas tierras: “Como soy muy veterano, me ha dado tiempo a comprobar algo frecuente: quienes más ponen el grito en el cielo, quienes acusan y denuncian con mayores estrépito y vehemencia, quienes más se indignan públicamente ante las corrupciones, los latrocinios y las injusticias, suelen ser quienes menos autoridad moral tienen para hacerlo. A veces —aún es más— son los más corruptos, ladrones e injustos de todos. En estos últimos casos les conviene mostrar su furia contra otros para así procurarse coartada y desviar la atención de sí mismos. El truco es viejísimo y simple, pero continúa funcionando. El mensaje que lanzan es este: “¿Cómo voy a ser yo corrupto o ladrón si me encolerizo —ya lo ven— con los que lo son o parece que lo son?” Huelga decir que estos vociferantes nunca aguardan a que algo esté probado, ni conocen la presunción de inocencia. No es raro que anden a la caza de chivos expiatorios para no convertirse ellos en tales.»

    Tal cual, el tipo que arrastra numerosas acusaciones ante el Poder Judicial, incriminado en delitos de diversa índole, es aquél que a la primera, y tal vez esperando la ocasión más propicia, lanza la bomba en el recinto parlamentario amparado en su condición de congresista y con la sospechosa anuencia del presidente de la Cámara. Inmediatamente desliza y hace correr el rumor de vacancia, apelando a una causal de dudosa interpretación en la Constitución, una calificación del más puro subjetivismo que se presta para cualquier cosa, y que hace tiempo ya debió ser regulado por el propio Congreso o por el Tribunal Constitucional. Invocar la “incapacidad moral”, como están haciendo los fautores del desaguisado, no puede ser la salida para este nuevo entrampamiento de nuestra vida política. Estamos atravesando una verdadera tormenta múltiple y desbancar al piloto no creo que sea lo más cuerdo y racional.

    Y para agregar más ingredientes al sancochado, el presidente del Congreso realiza llamadas a los comandantes generales de las FF.AA. para dizque transmitirles «tranquilidad», como si nuestro país tuviera todavía que ampararse en el sector militar para garantizar el real funcionamiento de su democracia. En un acto sedicioso, que sus secuaces jamás van a reconocer, ha pretendido involucrar a las fuerzas castrenses en una intentona a todas luces golpista. Y pensar que el susodicho pertenece a un partido con una dolorosa historia como víctima de estos actos de fuerza. Qué diría el fundador y jefe de Acción Popular si supiera que uno o varios de sus seguidores se han puesto en el plan de tocar las puertas de los cuarteles. Estoy seguro que al instante volvería a morirse de la pura vergüenza. El panorama no es distinto en los otros partidos que secundan a Edgar Alarcón en su empresa antidemocrática y anticonstitucional.

    A partir del 28 de julio del 2021, la justicia deberá empezar a rodar su maquinaria para investigar a fondo todo este entripado auditivo en que está inmerso el presidente Vizcarra y sus felonas secretarias, evaluando cada uno de los episodios concernidos y aplicando la ley con total independencia como corresponde a un Estado de Derecho. No tenemos por qué precipitar una vacancia que lo único que lograría es agravar el estado de cosas en un país ya de por sí devastado por una pandemia y su secuela desastrosa en la salud, la economía, la educación, etcétera. Y peor todavía sabiendo que quienes asumirían el poder en esas circunstancias serían estos sujetos impresentables, movidos por la batuta  atrabiliaria de un perseguido por la justicia, escudado provisionalmente en su condición de congresista, pero que una vez vencido el período para el que fue electo probablemente termine con sus huesos en la cárcel.

 

Lima, 14 de septiembre de 2020.