Castillo de naipes

 

La enésima crisis que vive nuestro país, propiciada por la clase política en general, nos plantea una realidad desafiante a todos los peruanos, quienes vivimos ya largos años inmersos en estos vaivenes estresantes y llenos de incertidumbre, pendientes todos los días de las decisiones, equivocaciones y metidas de pata de las autoridades en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo o en cualquier otra instancia gubernamental. Es difícil encontrar otro país que tenga este nivel de caos, anarquía e inestabilidad permanentes, como si de pronto hubiésemos ingresado en un vórtice de incalculables dimensiones que sólo puede acabar en la disolución de todo atisbo de estructura mínima para la existencia de una sociedad organizada.

Desde el momento en que fue disputada la segunda vuelta electoral el año pasado, donde el partido político que perdió se negó a aceptar los resultados, entorpeciendo por más de un mes la proclamación de los resultados oficiales, no hemos parado hasta hoy de ir de tumbo en tumbo, de hoyo en hoyo, en una larga lista de hechos que lo único que lograban era hundirnos más y más en esta suerte de ingobernabilidad perpetua que nos mantiene a todos los ciudadanos en un estado de zozobra, lo que es una verdadera amenaza a nuestra salud mental, que repercute negativamente en las distintas actividades diarias que cumplimos como estudiantes, trabajadores o simplemente ciudadanos de a pie que tenemos el perfecto derecho de que quienes han recibido el encargo de conducir los destinos del gobierno nos garanticen niveles aceptables de tranquilidad y paz en nuestras vidas cotidianas.

El gobierno que el pueblo eligió para que conduzca los destinos del país a partir del 28 de julio del 2021, ha demostrado hasta el momento un nivel de precariedad e ineptitud tales que ha dado leña a la oposición, igualmente mediocre e inepta, para sumarse a la agenda de la vacancia desde el primer momento. El ciclo de la cuestión de confianza y la vacancia, vuelve a girar sobre nuestras cabezas, como un tira y afloje entre dos fuerzas irracionales que miden sus pulsos de una manera irresponsable en medio de un pueblo que contempla con perplejidad, indignación y rabia cómo la clase política en bloque, salvo rarísimas excepciones, juega a la guerra no importándoles para nada los reales intereses y expectativas de la gente que cada día se esfuerza, desde sus pequeñas trincheras, por labrarse una existencia con algunas dosis de dignidad y decencia. Pareciera que no piensan un minuto en todo lo que esto significa para una población harta de sus desavenencias, atosigada de sus pleitos minúsculos, cansada de esta guerrilla de pacotilla entre representantes que ya no representan a nadie, salvo a inescrupulosos intereses de pandillas y mafias que han tomado por asalto el poder.

Una vez instalado el nuevo gobierno, estuvo caracterizado por nombramientos inadecuados desde el primer gabinete de ministros, empezando por su presidente, Guido Bellido, un conocido militante de Perú Libre (PL), homofóbico y misógino. A pesar de la presencia de algunas figuras que sí eran idóneas para el cargo, y que estuvieron hasta hace poco en el Consejo de Ministros, muchas eran cuestionadas, ya sea por la carencia del perfil suficiente como por una trayectoria que no garantizaba decisiones acertadas en el sector respectivo. La insistencia de diversos sectores de la sociedad civil y de ciertos representantes de los partidos políticos logró que se recomponga el gabinete en el mes de octubre, con la presencia de Mirtha Vásquez, una mujer de reconocida solvencia moral y política de las canteras de la izquierda, a la cabeza de la PCM. Pero desde el Congreso empezaron nuevamente los ataques, tanto desde la derecha retrógrada como desde la izquierda fosilizada, quienes se unieron en una curiosa alianza para conspirar contra la conducción sensata de la primera ministra. Ahora sabemos que también el presidente, con su ineptitud y su indiferencia, socavaba a su propio equipo ministerial.

Es en este contexto que se producen las primeras renuncias en el equipo de gobierno, empezando por el ministro del Interior, Avelino Guillén, quien había solicitado hacía semanas al presidente el pase al retiro del director de la PNP Gallardo, por su colusión con las redes de corrupción al interior de la entidad policial. En vista de que no eran atendidos sus reclamos, que eran respaldados por la propia presidenta de la PCM, en un gesto de dignidad, el exfiscal tuvo que abandonar el cargo de manera irrevocable. Unos días después, haría lo mismo la premier Mirtha Vásquez, quien en su carta de renuncia dejó entrever una serie de falencias y debilidades muy preocupantes al interior del gobierno del presidente Castillo y su equipo de asesores, que funcionaba en una especie de “gabinete en la sombra”, situación corroborada por la siguiente salida del secretario de la Presidencia. Es decir, el Ejecutivo se derrumbaba como un verdadero castillo de naipes, torpedeado por su propio líder, incapaz de darse cuenta de la magnitud de la responsabilidad que le cabe como presidente de la República.

La designación del tercer gabinete de su mandato fue un verdadero desastre. Encabezado por el congresista Héctor Valer, quien llegó al parlamento de la mano del ultraderechista partido Renovación Popular (RP), recibió el inmediato rechazo de todos los sectores de la población. La prensa sacó a la luz un pasado tenebroso del flamante primer ministro, con denuncias por maltrato familiar, deudas con el Estado y otras triquiñuelas que lo describían como un sujeto peligroso en la administración pública, alguien que no podía quedarse un minuto más en el puesto más importante del Ejecutivo después del presidente de la República. Lo curioso es cómo, a pesar de todo ello, pasó todos los filtros en el partido de López Aliaga para ser candidato al Congreso, nadie cuestionó su permanencia en la lista de candidatos, lo que demuestra una vez más los terribles vacíos en nuestra legislación de organizaciones políticas, que permite que una persona con esas características puedan postular a un cargo en el Estado.

Un gobierno sin rumbo tiene su contraparte en un Congreso igualmente desbrujulado, con mafias enquistadas en su seno que vienen destruyendo todo lo avanzado en materia de reforma educativa, reforma del transporte, derechos ambientales y otros aspectos fundamentales de políticas de Estado. La semana pasada aprobaron la ley que se trae abajo la reforma universitaria, menoscabando la labor que realiza la Sunedu en beneficio de la calidad de la educación. Los representantes de las universidades denegadas, pretenden otorgar un plazo más para que estas instituciones, que no cumplen con los estándares mínimos, puedan seguir funcionando, engañando y estafando a miles de jóvenes que buscan labrarse un futuro profesional en las aulas superiores. Semanas atrás dejaron las puertas abiertas para la proliferación del transporte informal, culpable en buena parte del caos de la ciudad y de los accidentes de tránsito que ocasionan miles de víctimas al año en las calles y carreteras del país. Quienes integran este poder del Estado, en su gran mayoría, lastimosamente tampoco reúnen las condiciones idóneas para el cargo que ocupan. La población tiene la sensación de que cada Congreso elegido es el peor que el anterior, en un descenso que no se detiene, ejemplificado esta vez por su propia presidenta, una señora con serios problemas comunicacionales y con posturas antidemocráticas y excluyentes que avergüenzan al otrora primer poder del Estado.

Qué penoso es que nuestro país, nada menos que en su bicentenario, se encuentre en esta situación calamitosa de desgobierno y división suicidas. La lideresa de la oposición, quien hasta ahora no acepta su derrota y mantiene el falaz discurso del fraude, pretende erigirse en una alternativa válida en este momento crítico, pero no hace más que sepultarse a sí misma cada vez que un medio de prensa le da cabida para sus discursos mendaces y torpes, amén de que su situación judicial se agrava con la entrega a la justicia de un testigo clave de los aportes de campaña, cuyo testimonio abonará unos legajos más al ya voluminoso expediente de un caso que el fiscal ha previsto sea visto en juicio a finales de año. Esa es la otra cara del problema político del Perú, el hecho de que las leyes sean tan laxas que permitan postular para el cargo más alto de la nación a una persona que está siendo investigada por el Poder Judicial, que acumula decenas de acusaciones delictivas y que lo demuestra en la práctica a través de su propio partido, cuyos miembros actúan en connivencia con otros grupos políticos en favor de las distintas mafias que quieren seguir lucrando con el atraso del país.

Estamos, pues, en un callejón sin salida, en uno de esos momentos críticos en que uno piensa seriamente en la refundación de la República, en una medida extrema de profilaxis moral, política y social para que esa promesa de la vida republicana, como lo soñara alguna vez el gran Jorge Basadre, sea una auténtica realidad, y no este remedo de republiqueta bananera, jaloneada por todos lados por hatos de malandrines que sólo buscan el poder para su propio beneficio.  

 

Jauja, 7 de febrero de 2022.