Baltasar Garzón: ironía inaudita

Una clara señal de que el mundo --en materia de justicia, de ética, de respeto por los derechos humanos y de muchas cosas más-- marcha patas arriba, es el caso del juez Baltasar Garzón, sentado en el banquillo de los acusados por un grupúsculo retrógrado (pero por los visto con gran influencia) de la sociedad española, y amenazado con ser inhabilitado por veinte años para el ejercicio de la judicatura.
Baltasar Garzón saltó a la palestra de las primeras planas de la prensa mundial a raíz de haber emprendido una verdadera cruzada contra la impunidad a nivel internacional, logrando que numerosos criminales de las dictaduras latinoamericanas, especialmente de Chile y Argentina, fueran llevados a los tribunales para ser juzgados por delitos de lesa humanidad.
Destaca nítidamente su participación en la captura y posterior extradición de Augusto Pinochet, un sátrapa sudamericano que, habiendo cometido una sarta de tropelías mientras gobernó su país a sangre y fuego, se paseaba con total libertad por el mundo entero hasta que una orden de captura lograda por el juez español terminó con sus días dorados, o por lo menos con su tranquilidad de genocida con mala conciencia.
El hecho que ha disparado esta increíble pretensión de la derecha cavernícola de la península, encarnada en La Falange --el partido fascista de Franco--, ha sido la voluntad del llamado súper juez de investigar precisamente los crímenes del franquismo, las torturas, asesinatos y desapariciones perpetradas por las huestes sanguinarias del dictador en contra de miles de españoles durante la larga noche de su gobierno --duró alrededor de cuatro décadas-- que significó para millones de españoles una auténtica vida bajo el oprobio. Medio millón de muertos, cien mil desaparecidos y miles de exiliados, son las cifras pavorosas de una guerra civil que ensangrentó a la República Española.
Muchos de quienes tuvieron que exiliarse, lo hicieron en países como México, Argentina, Rusia y otros, debiendo esperar, desde 1936 en que el sátrapa hispano se encaramó al poder, hasta hace poco, para poder vislumbrar en su horizonte una esperanza de justicia, pues ni cuando murió el grotescamente llamado “Generalísimo” en 1975, ni cuando se realizó la transición en 1977, fueron momentos políticamente propicios para reivindicar sus derechos conculcados.
Amparándose en argucias leguleyas, como acusarlo de prevaricación por ejemplo, La Falange y Manos Limpias, otra agrupación fascista, han emprendido su batalla legal en el Tribunal Supremo, quien increíblemente está dando curso a la demanda de marras, poniendo en peligro la libertad y el buen nombre de este honrado hombre de leyes que se atrevió a poner en tela de juicio las actividades de nefastos personajes que durante la era de Franco estuvieron encumbrados en el poder y cometieron atrocidades sin nombre.
La actuación de Baltasar Garzón en representación de familiares de desaparecidos, está jurídicamente respaldada por el artículo 15, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscritos por el gobierno español, según los cuales la Ley de Amnistía de 1977 no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Es por ello que la decisión del Supremo de acusar a Garzón, y su previsible condena, serán el hazmerreír de la democracia y del fidedigno sentido de la justicia en el mundo.
El juez Luciano Varela, cara visible del Tribunal Supremo, e inquisidor implacable de Garzón, es simplemente un peón del franquismo, una pieza poderosa del PP, la Falange con máscara democrática, que no le perdona a Garzón el haber destapado una mafiosa red de corrupción en el conocido caso Gürtel, donde evidentemente están implicados destacados representantes del Partido Popular, el mismo de Aznar y de Rajoy.
Numerosas agrupaciones de derechos humanos en todo el orbe respaldan al valeroso letrado español en contra de esta inicua acusación por parte de los herederos de Franco, entre ellas Amnesty International (AI) y Human Rights Watch (HRW), así como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, las Abuelas de la Plaza de Mayo y otras más que ya tienen un bien ganado prestigio a nivel mundial.
Un abogado argentino residente en España ha presentado una acusación ante la Cámara Federal Argentina, contra los jueces españoles que acusan a Garzón, por el mismo delito de prevaricación, asumiendo el caso de dos familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil Española. Basa su argumento legal en la figura de la desaparición forzada, delito de ejecución permanente que, por lo tanto, no puede prescribir ni estar sujeta a ninguna ley de amnistía. El principio que sostiene esta acción es el de la jurisdicción universal, razón por la que sus efectos están más allá de las fronteras, pues se trata de proteger un bien jurídico superior: la vida humana. Un positivo efecto de la globalización de la justicia.
Motivo por el que resulta inverosímil que los fascistas y los hijos de los criminales, la Falange troglodita y rediviva, el mismísimo Franco resurrecto, pretendan ahora juzgar al juez. Una vergüenza para España, como lo han dicho muchos de los propios españoles, aquellos que representan, por la inteligencia y la cultura, lo mejor de la patria de Cervantes y de Quevedo, de García Lorca y de Buñuel, de Picasso y de Joaquín Rodrigo.

Lima, 17 de abril de 2010.