El caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, mujer iraní de 43 años, acusada de adulterio y condenada a ser lapidada por un tribunal de justicia en el país de los Ayathollas, ha soliviantado a la comunidad internacional por tratarse de un asunto que compete directamente a los derechos humanos y a su vigencia en el mundo globalizado.
Ashtiani está presa desde el año 2005. Las pruebas que se exhiben contra ella se basan en la “relación extramatrimonial” que sostiene con un hombre después de haber quedado viuda de su primer compromiso. En 2006 fue condenada a recibir 99 latigazos y luego condenada a morir por lapidación, una pena vigente en algunas legislaciones de los países musulmanes y que en Occidente es considerada como una prueba de barbarie supérstite en pleno siglo XXI.
Pero lo que resulta ridículo y absurdo a la vez es saber que ella no ha cometido ningún delito, pues ha hecho lo que muchas mujeres podrían hacer en Occidente al quedar viudas, es decir, volverse a juntar con otra persona, rehacer su vida como dicen por aquí; y de ello dan fe sus propios hijos, quienes abogan por su inocencia desde el instante mismo en que se produjo su detención y encarcelamiento.
Esta forma de castigo figura en antiguas literaturas sagradas, como es el caso de la Biblia, libro que ha permeado la formación espiritual y moral de buena parte del mundo llamado civilizado. En el Antiguo Testamento, colección de diversidad de textos de los géneros más variados, se describen numerosos casos de ejecuciones por estos medios, especialmente si se trataba de mujeres que cometían adulterio.
En el mundo andino también existió un castigo similar para las mujeres de vida licenciosa. Los cronistas recogen testimonios de la manera cómo se procedía en situaciones así, habiendo descripciones muy puntuales sobre la muerte por apedreamiento. Y por supuesto, en el mundo árabe, donde la ascendencia espiritual y cultural del Corán es indiscutible, igualmente es una práctica que, por lo visto, se extiende a nuestros tiempos.
Aun cuando el abogado de Ashtiani, Mohamad Mostafaeí, haya basado sus argumentos de defensa en el principio de que la pena en mención no aparece mencionada en el libro sagrado, lo cierto es que después de la Revolución Islámica que llevó al poder en Teherán al régimen teocrático del Ayatholla Jomeini, la pena ha sido reimplantada en el país, endureciéndose notablemente el Código Penal de 1983 al señalarse la lapidación para adúlteros como uno de los castigos previstos.
El debate que ha suscitado este hecho ha situado la discusión en el plano de la universalidad de los derechos humanos. Preguntarse hasta qué punto una declaración de aspiraciones planetarias puede involucrar consideraciones y particularismos culturales de cada una de las naciones signatarias de sus postulados, es un planteamiento que revive viejas polémicas. Las autoridades judiciales y políticas iraníes señalan que los principios de la familia y de la nación están por encima de las normas que consagran las Naciones Unidas.
Se trata, pues, de un espinoso asunto que organizaciones de derechos humanos en el mundo, como Amnesty International (AI), han convertido en la piedra de toque de su defensa de los derechos básicos que toda persona debe tener, sin importar la nacionalidad que tenga o la situación económica o social que posea. Una verdadera cruzada internacional es la que ha lanzado dicha organización por la causa de esta mujer que necesita ser salvada de una ejecución a todas luces bestial y bárbara.
La imagen de la futura víctima comienza a recorrer todos los medios de comunicación del planeta, y uno no puede siquiera imaginarse la truculenta escena que seguiría a su enterramiento, dejando libre sólo la cabeza, para que los verdugos se ensañen arrojándole piedras medianas, pues las pequeñas no le harían mucho daño y las grandes acabarían rápidamente con su vida. Escribo esto último con un horror incalificable, como sentimiento de mi perplejidad ante los actos de vesania más espantosos de que el ser humano es capaz.
La presión internacional es la única vía que queda para salvar a Ashtiani, por el camino de la sensibilización de las autoridades respectivas, y que más allá de los dos indultos denegados y de la conmutación de la pena que solicitaban sus abogados, se logre finalmente la abolición para siempre de una práctica punitiva inicua e inaudita en los tiempos que corren.
Lima, 24 de julio de 2010.
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