Decisiones soberanas

     Se ha aprobado por una abrumadora mayoría de votos, en el Congreso de los diputados argentino, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre la expropiación de las acciones que poseía en YPF  la petrolera española Repsol. Días antes, cuando se hizo el anuncio ante la opinión pública, la reacción de los diversos agentes concernidos en el asunto, a ambos lados del Atlántico, fue igualmente dispar.

     La decisión tomada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la nación platense ha suscitado, en primer lugar,  una respuesta airada por parte de los empresarios de la península, así como del mismo gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de tratarse de una empresa privada que, por más que sus propietarios posean esa nacionalidad, no debe inmiscuir en sus negocios intereses de Estado.

     Pero en los sectores mayoritarios del país, la noticia ha sido recibida con aprobación y algarabía, al tratarse de un tema crucial de soberanía, en estos tiempos en que los argentinos son más sensibles que nunca a raíz de los treinta años del malhadado conflicto que los enfrentó a la Gran Bretaña por las islas Malvinas.

     Dentro y fuera del país, la discusión ha seguido en los medios de comunicación, derramándose ríos de tinta para expresar las distintas posiciones que la prensa adopta ante tan peliagudo problema. Son puntos de vista que obedecen, desde luego, a los propios intereses de los bandos en pugna, tanto los que defienden los derechos de las grandes corporaciones, que son los más, pues tienen a su favor el capital y la aquiescencia de la gran prensa, como los que osan enfrentar esos poderes fácticos desde sus humildes trincheras periodísticas.

     Entre los primeros se sitúa el flamante Nobel latinoamericano, abanderado del pensamiento liberal en el continente y defensor de lujo del orden de cosas reinante. Es curioso, quien antaño celebraba alborozado el triunfo meteórico de los movimientos revolucionarios en América Latina, ahora denoste vibrantemente de esta medida autónoma del gobierno argentino. Ha llegado a tildar de acto demagogo y populista la decisión de la Casa Rosada, achacándole al peronismo -sector político al que pertenece la Presidenta- ser el causante de todos los males que padece la gran patria de Sarmiento y Gardel, de Borges y Piazzola.

     No deja de ser interesante la posición que asume el novelista en su último artículo del diario El País de España, titulado La guerra perdida. Allí, embiste con todo su furor argumental a lo que él piensa que es una decisión equivocada,  que le acarreará al país más perjuicios que beneficios y el agravamiento de una crisis que lo dejará al borde del abismo. Traza la analogía con lo ocurrido en Venezuela, a partir de los métodos adoptados por el presidente Chávez al nacionalizar empresas agrícolas e industriales, pintándonos un cuadro verdaderamente apocalíptico de lo que es hoy en día esa nación sudamericana.

     Olvida, empero, como muchos de los comentaristas del continente, la realidad de un país sobre el que existen, paradójicamente, visiones encontradas: la que nos describen los voceros del sistema, inquietos por los tintes autónomos y rebeldes que manifiesta la mandataria argentina; como la que nos dan a conocer quienes conocen en profundidad lo que realmente sucede en ese país a través de la prensa independiente u otros medios alternativos.

     Para poner un solo argumento, no existe ningún país sudamericano cuyas empresas estratégicas, ya sean de petróleo, gas o minería, estén mayoritariamente en manos de capitales extranjeros, tanto por razones estrictamente constitucionales, como por motivos evidentemente comprensibles de estrategia en materia de política económica y ejercicio real de una cualidad que aún poseen los gobiernos de cualquier país del mundo: soberanía. Ahora, si ello significa a veces desconocer los acuerdos pactados, en virtud a simétricos desconocimientos por las empresas –sobre todo en materia de reinversiones y volúmenes de explotación- que se consideran perjudicadas, el camino de los tribunales está perfectamente allanado para resolver esas querellas.

     Es posible que la presión de los países europeos se deje sentir en las siguientes semanas y meses en el país argentino, así como la amenaza de recurrir a los fueros internacionales que ya han manifestado los representantes de la empresa española; pero nada de ello debe hacer retroceder una decisión soberana de un gobierno que simplemente ha obedecido a su sentido patriótico y que tiene el apoyo multitudinario de su pueblo. Por lo demás, los mismos vientos han soplado en la vecina Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales ha anunciado también la nacionalización de una empresa eléctrica en manos de accionistas españoles.

     Veremos qué sucede en el porvenir inmediato para saber de parte de quién está la razón: de los agoreros pesimistas que nos describen el juicio final, o de quienes piensan y creen que los pueblos tienen derecho de proteger sus intereses para su propio bien, así se equivoquen.

Lima, 5 de mayo de 2012.