La escena política peruana se ha conmovido
desagradablemente ante las recientes revelaciones de un verdadero carnaval de
indultos, suministrados por el ex presidente Alan García durante su segundo
gobierno. Se trata del más grande paquete de gracias presidenciales de que se
tenga memoria y cuyos mayores beneficiarios han sido, sospechosamente,
muchísimos internos que purgaban penas por delitos de narcotráfico.
Ante las denuncias periodísticas que
sacaron a luz las investigaciones que lleva a cabo la Megacomisión del Congreso
de la República, líderes prominentes del partido, incluido el mismo
involucrado, no han tenido mejor respuesta que descalificar a los miembros de dicho
grupo de trabajo, o lanzarse directamente a la yugular del entorno más próximo
de Palacio de Gobierno, como si ellos tuvieran algo que ver con los
desaguisados perpetrados por la omnímoda arrogancia de un ex mandatario con
ínfulas de emperador.
En medio de otra discusión, planteada en
torno a las indecorosas presiones –con Cardenal incluido- para que ese
beneficio alcance al ex presidente Fujimori, resultan vergonzosamente
coincidentes los destinos asimétricos de dos figuras políticas del país que
alguna vez ejercieron el máximo cargo de la nación. Pero si en el caso del reo
de la Diroes la situación es clamorosamente patética, pues legal y moralmente
el indulto no le corresponde, en el caso de García es abiertamente descarado,
pues administró esa potestad a diestra y siniestra en pro de militantes de su
partido que una vez libres volvieron a delinquir.
Pero lo realmente grotesco e inmundo es
que la comisión respectiva que debía servir de filtro para la decisión
presidencial, es decir que recomienda los casos que directamente ve el
presidente, estaba presidida y conformada –al menos parcialmente- por miembros
del partido aprista que habían sido ya juzgados y sentenciados por los mismos
delitos. Una auténtica e infame paradoja de dimensiones universales.
La interpretación, que han hecho los
concernidos en el escándalo, es que se trataría de una persecución contra el
líder aprista y eventual candidato para las presidenciales de 2016, lo cual es
una manera, consabida entre los seguidores del partido de la estrella, de
desviar la atención del problema central, además de constituir un ridículo
intento de victimizarse frente a tan graves acusaciones que deben merecer una
profunda investigación y, si se encuentran indicios de culpabilidad, una
sanción ejemplar que lo inhabilite para ejercer cargos públicos por el tiempo
que la ley prescriba.
Es el triste colofón de un movimiento
político que nació enarbolando las banderas de la justicia social y el cambio
revolucionario, que fue perseguido durante décadas y que vivió en las
catacumbas; pero que repentinamente se ha ido mimetizando a las viejas
estructuras oligárquicas que han predominado secularmente en el Perú, pactando
vergonzosamente con las fuerzas conservadoras y, ahora, prestándose al juego
sucio de amparar desde el poder a cabecillas de bandas delincuenciales que
medran con el tráfico ilícito de drogas. Esperpéntica metamorfosis del Sólido
Norte a la banda de Los Norteños. Todo un símbolo de la siniestra
delicuescencia moral de un sistema político en tiempos de la globalización y la
era digital.
Los indultos repartidos a manos llenas
constituyen un mayúsculo insulto a la dignidad y la ética de toda una nación,
hecho inicuo que no debe jamás pasarse por alto a la hora de considerar las
futuras opciones para elegir a nuestros representantes democráticos. La justa y
valedera memoria histórica debe erigirse en la certera brújula al momento de
ponderar las capacidades y virtudes de quien ha de conducir la nave del Estado
en el próximo periodo presidencial. Que nadie se llene la boca hablando de
persecución donde simplemente existe una labor de limpieza moral y de
aplicación prudente de la justicia, pues los que cometieron fechorías o
avalaron la perpetración de latrocinios en nombre de la patria, no merecen
tener una nueva oportunidad para ocupar un cargo para el que ética y moralmente
están descalificados.
Lima, 20 de
abril de 2013.
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