La náusea

     Al mejor estilo de las más sucias componendas políticas de que se tenga memoria en nuestra historia republicana, se ha consumado la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva y de la Defensoría del Pueblo. Los grupos encaramados al poder y sus secuaces, se han repartido cual botín los cargos que estaban vacantes en esos organismos del Estado.

     La repartija en cuestión, ha sido posible gracias a un acuerdo bajo la mesa de cuatro agrupaciones políticas que han transado, del modo más evidente y descarado, para una designación que engrosará los anales de la historia universal de la infamia.

     Personajes impresentables, algunos de ellos cuestionados por severas razones de orden ético y moral, pasarán a ocupar los cargos que el Estado sólo debería reservar a personas intachables y de honestidad comprobada, además, claro está, de poseer las calidades académicas y profesionales del caso.

     Es un acto bochornoso, deplorable, indignante y nauseabundo, que la mayoría de los ciudadanos del país rechaza en los términos más enérgicos, pues entraña la consagración, a los más altos niveles de la gestión pública, del contubernio, la cuchipanda y el arreglo vicioso como formas de gobierno.

     Pensar que esos cargos fueron ocupados en un pasado reciente por magistrados de la talla de Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo de Mur, defenestrados a la sazón por el régimen putrefacto que asoló nuestra institucionalidad democrática en la década perdida de los noventa del siglo pasado, cuando una gavilla de asaltantes disfrazados de políticos, asesores y generales, coparon las más altas esferas del poder para medrar a sus anchas.

      Casi al instante de conocerse el arreglo concretado en el Congreso, una significativa presencia de ciudadanos en las calles expresaba su protesta, trasluciendo el sentir de la inmensa mayoría del país ante lo que a todas luces constituye un acto de repudiable atentado contra los valores democráticos, la ética y el sentido común.

     Al verse cuestionados, algunos miembros del TC y la Defensora del Pueblo, así como los líderes de los partidos políticos involucrados, han retrocedido arrinconados por la ola de indignación ciudadana. Reconsiderando su permanencia en los cargos, al cual fueron encumbrados en una negociación espuria, no les ha quedado otro camino que presentar su dimisión antes de verse envueltos en una crisis institucional de impredecibles consecuencias.

     Lo vergonzoso del caso ha sido tan evidente, la manera cómo se ha transado el reparto ha dejado traslucir los intereses particulares en juego de cada agrupación, los propios intereses del país han estado tan ajenos a todo este entripado, los personajes de esta opereta de tres centavos han desvelado sus almas con tal impudicia, que el espectáculo que la nación y el mundo han presenciado no pudo ser más deprimente y lamentable.

     Lo que queda ahora es volver a fojas cero y establecer un nuevo proceso de elección de los funcionarios de estos organismos fundamentales de la administración pública. Uno de los primeros requisitos debería pasar por la idoneidad moral y ética, el compromiso con la democracia y los derechos humanos y una honestidad y transparencia incuestionables. Esto debe hacer imposible que candidatos con un dudoso pasado, envueltos en casos flagrantes de apología a la corrupción y protección a quienes perpetraron gravísimos delitos de lesa humanidad, vuelvan a presentarse sin el menor rubor para un puesto de esta naturaleza.

     Lo que ha sucedido finalmente, la anulación por el Congreso, convocado en sesión extraordinaria, de los nombramientos de marras, es el triste colofón de lo que nunca debió haberse siquiera imaginado. Una muestra más de la terrible crisis política que nos agobia, manifestación visible de la ausencia de ética en el accionar de los personajes y grupos que pretenden gobernar nuestros pueblos.

Lima, 21 de julio de 2013.