Luego de más de cuatro años de intensas
negociaciones, auspiciadas por los gobiernos de Cuba y Noruega y con el
concurso de otros como EE.UU., Venezuela, Brasil, Argentina y Chile, se ha
logrado por fin la firma de los acuerdos de paz en Colombia entre el gobierno
de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero más longevo de Latinoamérica, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A pesar de que la fecha límite fue el 23
de marzo pasado, salvando los escollos de algunas dificultades de última hora,
se decretó primero el alto el fuego bilateral en junio y ahora el hecho
histórico que, después de más de 50 años de conflicto armado, alrededor de 220,000
muertos y cerca de 7 millones de desplazados, da el primer paso que constituye
un hito para la ardua construcción de la paz que todos los colombianos ansían.
Los cinco puntos de las negociaciones se
han ido superando lentamente en largas horas de encuentros en La Habana, donde
el mediador del gobierno Humberto de la Calle y el jefe del equipo negociador
de las FARC Iván Márquez, han desbrozado temas como la política de desarrollo
integral; la participación en política; la solución al problema de drogas
ilícitas; la reparación y justicia para las víctimas; y la implementación,
verificación y refrendación de lo pactado. Cada asunto ha sido materia de una
minuciosa evaluación para llegar a un punto medio que implique una forma de
consenso.
Sin embargo, hay voces discrepantes, cuya cabeza visible
es el expresidente Álvaro Uribe, que desde el inicio se han opuesto férreamente
al proceso de paz, bajo el argumento de que la guerrilla no es sino una banda
delincuencial que actúa aliada con el narcotráfico y que el gobierno no puede
ponerse a ese nivel sentándose a negociar con quienes son autores de crímenes y
latrocinios en agravio de la sociedad y el Estado, buscando ahora acogerse a
una paz que deje impunes sus delitos de varias décadas. Tras esta posición, hay
un importante sector de ciudadanos donde figuran algunos periodistas y
escritores, entre ellos Fernando Vallejo, autor de una vasta diatriba contra el
presidente Santos y toda la clase política que lo apoya.
El asunto se va a saldar con un
plebiscito, convocado ya por el régimen, donde serán los colombianos quienes
decidan si se lleva adelante o no la implementación de todos los acuerdos
logrados. Es cierto que se pueden plantear muchos reparos a la manera como se
ha conseguido este acuerdo, pero es que no existe la paz perfecta, algo o mucho
se tiene a veces que ceder y conceder si uno busca un objetivo superior, ese es
el precio que se debe pagar si se quiere alcanzar un valor fundamental para una
pacífica convivencia en sociedad.
Están pendientes, además, el
establecimiento de las zonas que ocuparán los guerrilleros que dejen las armas
para integrarse gradualmente a la vida civil y, providencialmente, participar
en la política nacional. No se trata de entregar las armas, como ellos mismos
lo han aclarado, distinción clarísima que hacen con respecto a la dejación,
pues lo primero implicaría una especie de rendición que ellos no están en
condiciones de reconocer. Este es un punto que, como es obvio, irrita particularmente
a los detractores de todo el proceso.
Más allá de esta polémica que ha dividido
prácticamente a la sociedad colombiana, está el logro de una verdadera hazaña
en materia de superación de conflictos en nuestro subcontinente, pues no se
trata de plantear exigencias maximalistas que harían imposible toda forma de
acuerdo, siempre quedarían puntos cuyos detalles harían irreversibles las
necesarias coincidencias para un salomónico entendimiento. Lo conseguido hasta
ahora debe ser visto como un avance fundamental para la edificación de una paz
que ha sido esquiva en medio siglo, debiendo aún considerarse otros frentes que
quedan pendientes, como es el caso del que sostienen el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), con quienes ya se han iniciado los primeros tanteos para un
diálogo de paz que conduzca a la erradicación definitiva de la violencia
política en el querido país de Gabriel García Márquez.
Las posiciones intransigentes y
verticalistas no pueden erigirse en argumentos válidos que torpedeen un
esfuerzo de años, más aún si lo que está en juego es algo tan valioso como la
convivencia pacífica del país y el deseo de toda una nación de prosperar en un
clima donde esa atmósfera permanentemente cargada de tensión no impida el libre
y sano ejercicio de la vida en todas sus manifestaciones.
Lima,
29 de julio de 2016.
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