El inicio de la fase de los alegatos orales
en el diferendo que sostienen los Estados de Perú y Chile ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, ha dado motivo para un amplio debate
sobre los pormenores del caso y a una difusión inusitada de los considerandos y
argumentos de ambas partes. La prensa viene cumpliendo al respecto un
importantísimo papel al informar sobre los entretelones del suceso y al
disponer en sus páginas amplios espacios para el conocimiento y el análisis del
mismo.
Le ha correspondido al Perú abrir los
fuegos con la presentación de sus agentes y abogados ante el tribunal internacional,
mientras que en días sucesivos le ha tocado a Chile responder con los
argumentos que más o menos ya son del dominio público. Pues en el turno
correspondiente al Perú se han presentado verdaderas sorpresas que podrían dar
el giro definitivo a favor de la posición que defiende el gobierno de Lima.
En tanto que Santiago mantiene su idea
central de que existe un tratado de límites reconocido por ambos países, el
Perú no reconoce al acuerdo pesquero de 1952 la calidad de tal. Pues la postura
chilena pretende que la Declaración de Santiago, acuerdo tripartito firmado en
1952, y el Convenio sobre Zona Especial Marítima suscrito en 1954, constituyen
sendos tratados limítrofes.
Pero la verdad es que ambos documentos son
más bien proclamas jurídicas de los gobiernos costeros que veían con
preocupación la amenazante presencia de los grandes balleneros que venían a
depredar nuestro mar. Surgió, pues, como un intento de defender la soberanía
marítima de nuestros países -su potencial riqueza-, proclamada a su vez al
mundo en 1947 por los gobiernos de Chile y Perú. Además, y lo que resulta
altamente curioso, los dos instrumentos legales no han ratificados por los
congresos de sus respectivos países.
La sólida defensa esgrimida por el jurista
Alain Pellet de la causa peruana ha llenado de nervios a los representantes
chilenos en La Haya, a pesar de ciertas declaraciones altisonantes de su clase
política y de la reacción triunfalista de sus voceros mediáticos.
Esencialmente, aquella se ha basado en que los tratados no se presumen, pues
deben ser explícitos e indubitables. Además, siempre un tratado de este tipo es
bilateral, requisito que no reúnen los acuerdos mencionados.
Los expresidentes del país del sur Eduardo
Frei y Ricardo Lagos, han dicho que los fallos de La Haya son salomónicos y no
sujetos a derecho, con lo cual han abierto un resquicio por donde podría colarse
una eventual negativa de su país a acatar una sentencia adversa a su posición. Felizmente,
estas declaraciones han sido desautorizadas tácitamente por los representantes
oficiales chilenos ante el tribunal holandés.
Por otro lado, el reclamo peruano es
perfectamente legítimo, más allá del tiempo transcurrido y de los supuestos
acuerdos reconociendo la inequitativa línea paralela como límite marítimo. Un
elemental sentido de la lógica permite entender que cuando existen fronteras
que forman una curva, existiendo por consiguiente mares superpuestos en las
proyecciones costeras de ambos países, se impone la línea equidistante como
separación justa en los dominios marítimos respectivos. Y ese es el sentido en
que ha fallado en los numerosos litigios que ha resuelto la Corte, resolviendo
casos similares en diferentes regiones del globo.
Por su parte, Chile arguye un largo
historial de actos administrativos que darían validez a su tesis del tratado de
límites que no existe, pues la práctica y la costumbre no constituyen
necesariamente fuentes del derecho. El que durante 60 años se haya mantenido
una situación de hecho de flagrante injusticia, no quiere decir que se deba
mantenerla ni mucho menos consagrarla. Es tiempo de sanear definitivamente una
controversia de límites para que estos vecinos, que en muchos aspectos cooperan
y traban relaciones de mutuo beneficio comercial y económico, puedan ingresar
al futuro en las mejores condiciones de legitimidad histórica y de recíproco
reconocimiento y respeto. Esa legendaria enemistad patriótica, o patriotera más bien, debe dar
paso a una coexistencia pacífica de valioso intercambio en todos los órdenes,
como corresponde a dos verdaderos países civilizados.
Lima, 9 de
diciembre de 2012.
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